En el día de la fecha, docentes del Departamento General López que participaron en el concurso de titularización de horas e integrantes de diversos tribunales de la zona sur, se reunieron en el IES N° 7 para denunciar las irregularidades que surgen luego de darse a conocer los resultados de la evaluación de los proyectos escritos.

1° Los proyectos, en su mayoría, no han recibido retroalimentación, siendo ésta imprescindible como base para organizar y preparar la instancia oral. Esta actitud de destrato y violencia, al no recibir devolución alguna respecto a los ítems evaluados, genera la peor situación de cara a la instancia oral.

2° Total falta de articulación entre tribunales que evaluaron a un mismo pseudónimo. Esto último se evidencia en una diferencia de puntaje, en algunos casos superior a 100 puntos.

En dicha reunión, se decidió enviar una nota al Jurado exigiendo:

a) Se revean los proyectos de los tribunales en los cuales no hay retroalimentación ni sugerencia alguna.

b) Dar a conocer, lo antes posible, las pautas y/o criterios de evaluación para la instancia oral.

c) Revisar el cronograma otorgando los tiempos necesarios para una adecuada preparación para la defensa oral.

d) Garantizar el escalafonamiento de todos los concursantes.

Las arbitrariedades denunciadas atentan contra los derechos históricos conquistados por los docentes.

La Asociación de Bioquímicos  del Departamento General López ha decidido cobrar plus a los afiliados ante su disconformidad con los aranceles acordados con la Obra Social. Instamos a la Asociación a que retroceda con esta medida arbitraria, ilegal e ilegítima. Que resuelva el conflicto cobrando a quien corresponda. Aún cuando las paritarias docentes son insuficientes, los docentes no cobramos plus a nuestros alumnos.

Compartimos lo publicado por la Asociación, en el día de hoy – Diario El Informe

Se modificó el Art. 5° de la disposición N°27/2018, en el que se limitaba el libre tránsito de los afiliados. El organismo provincial, luego del malestar generado por la medida que se pretendía efectivizar a  partir del 1 de agosto, acordó lo siguiente con las gremiales médicas:

“…los afiliados no deberán presentar al momento de requerir las prestaciones derivación o autorización alguna por parte de las Asociaciones Médicas de origen, manteniendo igual metodología que la que se viene aplicando hasta el momento para la atención, y sin que existan topes para las autorizaciones respectivas.»

Sigamos luchando por una obra social que responda a las necesidades de sus afiliados.

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El Gobierno de la Provincia de Santa Fe ha decidido recortar, de manera repentina, el servicio de movilidad por el cual, con un remís diario se garantizaba la llegada de los docentes al Núcleo Secundario Rural de San Francisco.

Según la Ley Nacional de Educación N° 26.206, en su Art.49, se debe garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales. También en su art 51, la LEN hace responsable al Consejo Federal de Educación (constituido por los ministros de educación de cada provincia) de definir medidas necesarias para que los servicios educativos brindados en zonas rurales alcancen niveles de calidad equivalentes a los urbanos, entre las cuales se encuentra la provisión de transporte.
A la luz de ambos artículos, por un lado, en la provincia de Santa Fe, se pensaron nuevas formas de organización escolar en el contexto rural que tienen que ver con la creación de núcleos rurales para el nivel secundario, que funcionan en edificios de escuelas primarias y dependientes administrativamente de escuelas secundarias. Pedagógicamente, se agrupan a los alumnos en pluriaño. Con lo cual el estado ahorra infraestructura, cargos de director, secretario y asistente escolar y casi 130 hs cátedra. Por el otro lado, al no existir transporte público hasta las comunidades rurales y dada la complejidad que reviste la jornada de un catedrático: 3hs en una escuela, 4 hs en otra, por ejemplo,  se pone a disposición del núcleo un remís diario para que puedan los docentes llegar a sus lugares de trabajo a dar sus clases.

Claramente, la supresión del servicio de movilidad destinado al traslado de los profesores afecta al normal desarrollo de la jornada educativa, las condiciones de trabajo de los docentes y pone en riesgo a la educación rural. A los profesores se les comunica un viernes que a partir del lunes no contarán con el transporte con lo cual se les exige hacerse cargo económicamente del gasto que representan 160km diario. Si los docentes de la planta no pueden llegar al núcleo por razones económicas, imaginemos a los reemplazantes que, de por sí, es difícil conseguirlos aún con transporte incluido. Muchas horas libres son sinónimo de baja calidad educativa. Si no hay condiciones que permitan que los docentes lleguen a la escuela, no hay escuela posible. La quita del remís implica el inminente desmantelamiento de la educación rural.
Mucho se habla de la zona desfavorable que algunos docentes perciben. Este concepto no supone dinero destinado a movilidad sino que, según Decreto 1062/95, se otorga a las escuelas según funcionen en localidades que no cuenten, a) Con servicios asistenciales básicos permanentes (médico o unidad sanitaria) b) Provisión regular de alimentos y combustibles. C) Medios de comunicación regulares (transporte, postales y telefónicos). Es por ello, que reciben ese adicional quienes también, viven en la localidad e inclusive en la misma escuela, y no necesariamente porque viajen.
El 16 y 17 de mayo del presente año se llevó a cabo el Concurso de Titularización y en 2017, el de Traslado docente. Si bien está claro que el remís es un derecho adquirido para todo aquél que viaje al núcleo y se adecue a los horarios de salida y llegada del mismo según las necesidades de la jornada porque esas fueron las condiciones de ofrecimiento, de haberse publicado la decisión de la quita del remís y comunicado con anterioridad a estos concursos, algunos docentes hubieran podido evaluar la posibilidad de trasladarse y/o bien titularizar en otra/s instituciones. Siempre recordando las condiciones del Decreto 3029/12 que no permite sumar escuelas en caso de traslados, renunciar a horas para tomar otras en el mismo nivel, ni titularizar en más de tres escuelas por nivel, con lo cual se restringen las oportunidades.
Una de las lamentables estrategias del gobierno para justificar la quita del transporte es el típico: ‘Divide y reinarás’ argumentando que los docentes de primaria pagan su traslado hasta las escuelas, desconociendo, estos funcionarios que deciden detrás de un escritorio, las condiciones de ofrecimiento del trabajo, primero; y luego, la lógica del funcionamiento del nivel secundario: 14 a 20 profesores que, a diferencia del docente de primaria no tienen cargos de lunes a viernes, sino horas cátedras con lo que se los obliga a itinerar entre varias instituciones por día, de ahí, que se denomine al colectivo docente de secundaria como “taxi”. “No podemos retroceder en materia de derechos: Por lógica, se mantienen o se avanza.” Mantener significaría que los docentes que se trasladan al núcleo continúen con el servicio pago por el Ministerio como hasta ahora. Avanzar en este derecho, sería hacerlo extensivo también para los docentes de primaria, deuda histórica con el sector.

Algo para destacar! Los docentes vienen sufriendo recortes desde 2009, cuando desmantelan la educación en las escuelas rurales del Departamento General López, dando la posibilidad de acceso a la educación secundaria obligatoria sólo a las localidades de Chapuy, Christophersen, La Chispa con su núcleo en San Francisco, y Lazzarino. En aquella oportunidad, los docentes reubicados en La Chispa, SIN OPCIÓN, y a 73km de la escuela N° 379 de Cañada del Ucle, absorbieron el ajuste y tuvieron que afrontar el pago de remises diarios, habiéndoseles garantizado por escrito el transporte por parte de las autoridades ministeriales.
Se solicita a las autoridades gubernamentales revisen esta medida arbitraria, contraria a derecho y arbitren los medios para que se mantenga el servicio de movilidad, condición esencial para que se garantice la educación secundaria obligatoria y gratuita en las zonas rurales que no cuentan con transporte público.

En la sociedad capitalista, el único y exclusivo motor del crecimiento económico es la obtención de ganancias. Los empresarios no invierten si consideran que la tasa de beneficios no es suficiente. En esos casos, la producción disminuye, cae la demanda de mano de obra y empeoran las condiciones de vida del pueblo trabajador. ¿Qué exigen los dueños del capital para volver a invertir? Mayores márgenes de ganancias. ¿Cómo se consigue? Reduciendo la masa salarial. El producto del trabajo se divide en dos partes, una queda en manos de los empresarios y constituye la ganancia capitalista, la otra regresa al trabajador en forma de salario.
En momentos de recesión económica, cuando los dueños del capital tratan de reducir nuestros ingresos para recomponer sus ganancias, nosotros tenemos que luchar para evitar que nuestras remuneraciones caigan por demás. En el mismo sentido, tenemos que defender las condiciones de trabajo, que los empresarios descuidan para aumentar, aún más, sus ganancias.

Luego de tocar su punto más bajo en junio de 2016 (-4,9%), la economía argentina comienza un lento pero persistente proceso de recuperación, llegando a su pico máximo en octubre de 2017 (5,2%). A partir de ese momento, comienza a descender, cayendo abruptamente a partir de marzo de este año, en abril el crecimiento fue negativo (-0,9%) y se espera que la caída continúe en los próximos meses.

La industria alcanzó su pico máximo de crecimiento en junio del año pasado (6,6%), desde ese momento comenzó a descender, en diciembre llegó a un piso de 0,3%, a principio de año volvió a crecer, pero desde marzo cae en picada, transformándose su crecimiento en negativo a partir de mayo (-1,2%).

La industria de la construcción, que había alcanzado su momento de máximo crecimiento en octubre del año pasado (25,3%), comenzó a desacelerarse de manera sostenida, alcanzando en mayo su menor crecimiento en los últimos catorce meses (5,8%). El gobierno anunció la paralización de la obra pública, lo cual augura que la tendencia a la baja va a continuar en los próximos meses.
EN ESTE CONTEXTO DE RECESIÓN ECONÓMICA, MÁS QUE NUNCA, LOS/AS TRABAJADORES/AS NOS TENEMOS QUE UNIR PARA ENFRENTAR EL AJUSTE, DEFENDER NUESTRO SALARIO Y CONDICIONES DE TRABAJO.

A pocos días de la Asamblea de Memoria y Balance, la Comisión Directiva Provincial envió 3 documentos para tratar el mismo día, en otra Asamblea.

El contenido de uno de los documentos, eran modificaciones al Decreto 3029. En la Asamblea se decidiría por aceptar, rechazar o abstener y supuestamente se permitirían sugerencias. De más está decir, que no había tiempo para que el debate de las modificaciones se pudiera hacer de cara al conjunto de toda la docencia. En tal sentido, la Asamblea del Departamento Gral. López decidió abstenerse de opinar sobre algo tan importante sin el tiempo pertinente. Es decir, había un malestar que superaba el contenido del documento y que iba en dirección a los procederes que se están convirtiendo en moneda corriente en nuestro sindicato.

¿Cambios positivos sin la participación de los propios beneficiados? ¿Cuáles son los alcances de las modificaciones logradas a espaldas de los propios trabajadores?

“Estamos en una etapa de ajuste, por eso hay que acelerar las modificaciones que nos ha permitido el gobierno provincial y no perder esta oportunidad única”. Fue el fundamento, de algunos dirigentes provinciales en la Asamblea, de porqué hacer, sin un debate en el conjunto de la docencia, estas modificaciones. También dijeron ese día “Déjennos a nosotros que sabemos cómo se hacen estas cosas”. Independientemente de si dichos dirigentes son o no una vanguardia esclarecida, nos preocupa que comencemos a naturalizar procederes que dejan afuera al conjunto de los docentes. Nos preocupa porque un sindicato sin participación de sus trabajadores se transforma tarde o temprano en algo muy alejado a una herramienta fuerte de la cual nos podamos servir. La fortaleza de un sindicato no está en la iluminación de algún que otro dirigente sino en el nivel de participación de sus trabajadores.

El diagnóstico: “es ahora o nunca” no resiste argumento alguno. Muchas de las modificaciones propuestas o que el gobierno permitiría se han superado por el uso y la costumbre en muchos lugares de la provincia. Y en los lugares, en donde no se ha llegado con dichas modificaciones, nada iba a pasar por aplazar la redacción del documento 30 días y permitir de este modo una mayor participación de los verdaderos involucrados en esto: los docentes.

¿Qué ganamos haciendo un documento sin un debate real y serio? No lo sabemos ¿Qué ganábamos con un debate incorporando a la mayor parte de los docentes? Involucrar a los compañeros en la resolución de sus propios problemas. Acercar el sindicato a los docentes en tiempos donde lo colectivo está siendo interpelado por todo el poder dominante y esto incide negativamente cada vez más en un sector de trabajadores. Después de estas modificaciones el grueso de los docentes de la provincia se sentirá ajeno a todo el proceso, no sólo porque no pudo participar, sino que ni se enteró.

Esta modificación exprés es un precedente negativo y muestran un camino erróneo si la finalidad es fortalecer lo colectivo.