En el día de la fecha, docentes del Departamento General López que participaron en el concurso de titularización de horas e integrantes de diversos tribunales de la zona sur, se reunieron en el IES N° 7 para denunciar las irregularidades que surgen luego de darse a conocer los resultados de la evaluación de los proyectos escritos.

1° Los proyectos, en su mayoría, no han recibido retroalimentación, siendo ésta imprescindible como base para organizar y preparar la instancia oral. Esta actitud de destrato y violencia, al no recibir devolución alguna respecto a los ítems evaluados, genera la peor situación de cara a la instancia oral.

2° Total falta de articulación entre tribunales que evaluaron a un mismo pseudónimo. Esto último se evidencia en una diferencia de puntaje, en algunos casos superior a 100 puntos.

En dicha reunión, se decidió enviar una nota al Jurado exigiendo:

a) Se revean los proyectos de los tribunales en los cuales no hay retroalimentación ni sugerencia alguna.

b) Dar a conocer, lo antes posible, las pautas y/o criterios de evaluación para la instancia oral.

c) Revisar el cronograma otorgando los tiempos necesarios para una adecuada preparación para la defensa oral.

d) Garantizar el escalafonamiento de todos los concursantes.

Las arbitrariedades denunciadas atentan contra los derechos históricos conquistados por los docentes.

La Asociación de Bioquímicos  del Departamento General López ha decidido cobrar plus a los afiliados ante su disconformidad con los aranceles acordados con la Obra Social. Instamos a la Asociación a que retroceda con esta medida arbitraria, ilegal e ilegítima. Que resuelva el conflicto cobrando a quien corresponda. Aún cuando las paritarias docentes son insuficientes, los docentes no cobramos plus a nuestros alumnos.

Compartimos lo publicado por la Asociación, en el día de hoy – Diario El Informe

Se modificó el Art. 5° de la disposición N°27/2018, en el que se limitaba el libre tránsito de los afiliados. El organismo provincial, luego del malestar generado por la medida que se pretendía efectivizar a  partir del 1 de agosto, acordó lo siguiente con las gremiales médicas:

“…los afiliados no deberán presentar al momento de requerir las prestaciones derivación o autorización alguna por parte de las Asociaciones Médicas de origen, manteniendo igual metodología que la que se viene aplicando hasta el momento para la atención, y sin que existan topes para las autorizaciones respectivas.»

Sigamos luchando por una obra social que responda a las necesidades de sus afiliados.

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El Gobierno de la Provincia de Santa Fe ha decidido recortar, de manera repentina, el servicio de movilidad por el cual, con un remís diario se garantizaba la llegada de los docentes al Núcleo Secundario Rural de San Francisco.

Según la Ley Nacional de Educación N° 26.206, en su Art.49, se debe garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales. También en su art 51, la LEN hace responsable al Consejo Federal de Educación (constituido por los ministros de educación de cada provincia) de definir medidas necesarias para que los servicios educativos brindados en zonas rurales alcancen niveles de calidad equivalentes a los urbanos, entre las cuales se encuentra la provisión de transporte.
A la luz de ambos artículos, por un lado, en la provincia de Santa Fe, se pensaron nuevas formas de organización escolar en el contexto rural que tienen que ver con la creación de núcleos rurales para el nivel secundario, que funcionan en edificios de escuelas primarias y dependientes administrativamente de escuelas secundarias. Pedagógicamente, se agrupan a los alumnos en pluriaño. Con lo cual el estado ahorra infraestructura, cargos de director, secretario y asistente escolar y casi 130 hs cátedra. Por el otro lado, al no existir transporte público hasta las comunidades rurales y dada la complejidad que reviste la jornada de un catedrático: 3hs en una escuela, 4 hs en otra, por ejemplo,  se pone a disposición del núcleo un remís diario para que puedan los docentes llegar a sus lugares de trabajo a dar sus clases.

Claramente, la supresión del servicio de movilidad destinado al traslado de los profesores afecta al normal desarrollo de la jornada educativa, las condiciones de trabajo de los docentes y pone en riesgo a la educación rural. A los profesores se les comunica un viernes que a partir del lunes no contarán con el transporte con lo cual se les exige hacerse cargo económicamente del gasto que representan 160km diario. Si los docentes de la planta no pueden llegar al núcleo por razones económicas, imaginemos a los reemplazantes que, de por sí, es difícil conseguirlos aún con transporte incluido. Muchas horas libres son sinónimo de baja calidad educativa. Si no hay condiciones que permitan que los docentes lleguen a la escuela, no hay escuela posible. La quita del remís implica el inminente desmantelamiento de la educación rural.
Mucho se habla de la zona desfavorable que algunos docentes perciben. Este concepto no supone dinero destinado a movilidad sino que, según Decreto 1062/95, se otorga a las escuelas según funcionen en localidades que no cuenten, a) Con servicios asistenciales básicos permanentes (médico o unidad sanitaria) b) Provisión regular de alimentos y combustibles. C) Medios de comunicación regulares (transporte, postales y telefónicos). Es por ello, que reciben ese adicional quienes también, viven en la localidad e inclusive en la misma escuela, y no necesariamente porque viajen.
El 16 y 17 de mayo del presente año se llevó a cabo el Concurso de Titularización y en 2017, el de Traslado docente. Si bien está claro que el remís es un derecho adquirido para todo aquél que viaje al núcleo y se adecue a los horarios de salida y llegada del mismo según las necesidades de la jornada porque esas fueron las condiciones de ofrecimiento, de haberse publicado la decisión de la quita del remís y comunicado con anterioridad a estos concursos, algunos docentes hubieran podido evaluar la posibilidad de trasladarse y/o bien titularizar en otra/s instituciones. Siempre recordando las condiciones del Decreto 3029/12 que no permite sumar escuelas en caso de traslados, renunciar a horas para tomar otras en el mismo nivel, ni titularizar en más de tres escuelas por nivel, con lo cual se restringen las oportunidades.
Una de las lamentables estrategias del gobierno para justificar la quita del transporte es el típico: ‘Divide y reinarás’ argumentando que los docentes de primaria pagan su traslado hasta las escuelas, desconociendo, estos funcionarios que deciden detrás de un escritorio, las condiciones de ofrecimiento del trabajo, primero; y luego, la lógica del funcionamiento del nivel secundario: 14 a 20 profesores que, a diferencia del docente de primaria no tienen cargos de lunes a viernes, sino horas cátedras con lo que se los obliga a itinerar entre varias instituciones por día, de ahí, que se denomine al colectivo docente de secundaria como “taxi”. “No podemos retroceder en materia de derechos: Por lógica, se mantienen o se avanza.” Mantener significaría que los docentes que se trasladan al núcleo continúen con el servicio pago por el Ministerio como hasta ahora. Avanzar en este derecho, sería hacerlo extensivo también para los docentes de primaria, deuda histórica con el sector.

Algo para destacar! Los docentes vienen sufriendo recortes desde 2009, cuando desmantelan la educación en las escuelas rurales del Departamento General López, dando la posibilidad de acceso a la educación secundaria obligatoria sólo a las localidades de Chapuy, Christophersen, La Chispa con su núcleo en San Francisco, y Lazzarino. En aquella oportunidad, los docentes reubicados en La Chispa, SIN OPCIÓN, y a 73km de la escuela N° 379 de Cañada del Ucle, absorbieron el ajuste y tuvieron que afrontar el pago de remises diarios, habiéndoseles garantizado por escrito el transporte por parte de las autoridades ministeriales.
Se solicita a las autoridades gubernamentales revisen esta medida arbitraria, contraria a derecho y arbitren los medios para que se mantenga el servicio de movilidad, condición esencial para que se garantice la educación secundaria obligatoria y gratuita en las zonas rurales que no cuentan con transporte público.